La Generalitat de Cataluña ha anunciado que tiene la intención de limitar el precio del alquiler en la región. El Govern tiene competencias exclusivas en materia de derecho civil y eso le permite regular en cuestiones relacionadas con los alquileres. Si la norma se aprueba, tendrá repercusiones para los propietarios de inmuebles que los tengan alquilados.
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¿Cómo afectará a los propietarios la limitación de precios del alquiler?
Los principales puntos de la norma que prepara la Generalitat para establecer la limitación del precio del alquiler:
- Limitar el precio del alquiler para que los incrementos de los arrendamientos sean más acordes con el estancamiento de los salarios.
- Alargar la duración mínima de los alquileres hasta un mínimo de entre 6 y 10 años para cualquier nuevo contrato de alquiler. Previsiblemente, la nueva ley establecería que los contratos de alquiler deberán ser de mayor duración en caso de que el propietario de la vivienda sea una sociedad mercantil.
¿La Generalitat puede limitar el precio de los alquileres?
Hasta el momento el Parlament no ha legislado acerca de los alquileres de las fincas urbanas, y esto significa que en Cataluña la regulación vigente es la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada en 2013, que volvió a entrar en vigor tras la anulación de la nueva ley del alquiler del 18 de diciembre de 2018. No obstante, Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de Código Civil, y esto abriría la puerta a priori a la posibilidad de regular los alquileres.
La razón que aduce el Govern para limitar el precio del alquiler en Cataluña es la fuerte subida de las rentas tanto en Barcelona como en el resto de la comunidad autónoma. En 2018 las subidas en los precios han sido especialmente acusadas en municipios de el área metropolitana de Barcelona como Santa Coloma de Gramenet (9,9%), Sant Andreu de la Barca (+11%), Ripollet (12,7%), el Papiol (+22%) o Sant Just Desvern (+39%).
¿Qué opinan los expertos?
La mayoría de especialistas en el sector inmobiliario consideran que esta medida sería negativa en todos los sentidos. Muchos de los expertos en real state consideran que el control en los precios en los contratos de arrendamiento supondrá una reducción en la oferta de pisos de alquiler y, por tanto, la problemática de acceso a la vivienda se agravará.
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