¿Cómo queda la ley de desahucios después de la pandemia?

La ley de desahucios fue una medida tomada por el Gobierno español con el fin de resguardar el derecho básico de la vivienda para la población más vulnerable. Y es que la llegada de la pandemia de la COVID-19 profundizó una crisis habitacional que se venía incrementando desde hacía años en España

Debido al aislamiento social y las restricciones de movilidad, muchas personas perdieron sus principales fuentes de ingresos. De esta manera, quedaron incapacitados para asumir el pago correspondiente de su alquiler.

Sin embargo, después de casi dos años, la pandemia comienza a retroceder. ¿Qué sucederá con la ley de desahucios al quedar superado el estado de alarma causado por la COVID-19? El gobierno ha tomado una serie de medidas para garantizar la protección anti-desahucio de la población más vulnerable. Hoy vamos a repasarlas una por una.

¿En qué consistió la ley de desahucios?

La ley de desahucio consistió en un parón de los procesos de desahucio que se estuvieran llevando a cabo durante el Estado de Alarma. Esta ley se reguló mediante el Real Decreto-Ley 11/2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de junio de 2020. Estipulaba, como hemos indicado, que se debían suspender los procedimientos ya iniciados y los procedimientos nuevos mientras se mantuviera en vigencia el estado de alarma motivado por la propagación de la COVID-19. Por lo tanto, cualquier persona en condición de arrendatario de una vivienda que se encontrara en una situación vulnerable y que no tuviera más alternativas habitacionales, podía solicitar que se suspendiera su lanzamiento.

Posteriormente, ese mismo año, se publicarían más medidas en un Real Decreto-Ley, concretamente el Real Decreto-ley 37/2020, publicado el 22 de diciembre del año 2020. Su objetivo era, de nuevo, resguardar uno de los principales derechos básicos de toda persona: la vivienda.

El Real Decreto-ley 37/2020 otorgaba la posibilidad de optar por prórrogas o reducciones de alquiler en los casos donde el propietario fuera un gran tenedor (más de 8 propiedades).  también ofrecía algunas ayudas transitorias de financiación por medio del ICO. Por último,  en el caso de los desahucios hipotecarios los afectados podían apelar a una moratoria hasta el año 2024.

Modificaciones y prórrogas de la ley de desahucio

Durante la vigencia del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, la ley de desahucio sufrió algunas prórrogas y modificaciones. El objetivo era ampliar su tiempo de vigencia y adoptar nuevas medidas para la protección de los ciudadanos. Vamos a explicar ahora en qué consistieron estas modificaciones y prórrogas:

Real Decreto-ley 1/2021

El Real Decreto-ley 1/2021 fue la primera de las modificaciones que vio la ley de desahucios. Fue publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de enero de 2021.  En este cambio se añadió una especificación en la cual se dictó que, durante el estado de emergencia, la única razón para el desalojo de los okupas era que estos hubieran llevado a cabo acciones violentes o intimidatorias. Antes de estos, la ley solo indicaba que se permitía desalojar a los ocupantes de un inmueble cuando su permanencia fuese producto de algún delito. 

De esta forma, la única manera en la que podía iniciarse un lanzamiento de un inquilino que no paga pero que se encuentra en situación de vulnerabilidad era cuando el ocupante había accedido al inmueble a través de la violencia o a la intimidación. En estos casos el juez es el facultado para decidir si el lanzamiento es paralizado o no.

Real Decreto-ley 8/2021

Publicado el 4 de mayo de 2021, el Real Decreto-ley 8/2021 tuvo como finalidad prorrogar algunas de las medidas tomadas por el decreto de estado de emergencia. De esta forma quedaba extendido en el llamado «escudo social» hasta el 9 de agosto del año 2021. Por lo tanto, fue extendido el periodo de vigencia de todas las medidas destinadas al resguardo la para población más vulnerable y de aquellos que se encuentran cerca del umbral de la pobreza.

Real Decreto-ley 16/2021

Se trata de un Real decreto-ley que fue publicado el 3 de agosto en el BOE, en el cual se prorrogaron hasta el 31 de octubre de 2021 la ley de desahucios y todas las medidas tomadas por el gobierno español para resguardar el denominado “Escudo Social”. Por lo tanto, se amplío la vigencia de los decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios emitidos durante el estado de emergencia. Esta acción tuvo como finalidad seguir brindando protección social a todos los individuos que enfrenten situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Real Decreto-ley 21/2021

Este Real Decreto-ley 21/2021 publicado el 26 de octubre de 2021 consiste en otra prórroga para los reales decretos-leyes 11/2020, 37/2020 y 8/2021, en los cuales se establece la ley de desahucio y otras medidas comprendidas dentro del «escudo social», que surgieron durante el estado de emergencia, para así resguardar el derecho a una vivienda para las personas en situación vulnerable que no cuenten con más alternativas habitacionales. Actualmente sigue vigente y, por medio de este real decreto-ley, estas medidas se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022. 

¿Qué pasará con la ley de desahucio tras la pandemia?

La ley de desahucios se mantendrá vigente como mínimo hasta febrero de 2022. A partir de esa fecha es una incógnita si el Gobierno sacará adelante otra prórroga.

Tras la disminución en los contagios y el avance en el proceso de vacunación, la pandemia se ha dejado atrás casi por completo. De hecho, el estado de alarma finalizó ya en el mes de mayo de 2021. Sin embargo, los efectos socio-económicas del covid-19 aún se sienten, por lo que muchas de las medidas tomadas para proteger a quienes tienen pocas alternativas habitacionales o se encuentran en riesgo de desahucio están lejos de desaparecer. Un claro ejemplo de ello es el Real Decreto-ley 21/2021, ya aprobado en un momento en el que la emergencia sanitaria ya está muy controlada.

Muchas de las medidas adoptadas durante la pandemia se incluirán, además, en la futura Ley Estatal de Vivienda. Así pues, es muy posible que el actual mecanismo anti-desahucios siga limitando los lanzamientos ocasionados por incumplimiento con los pagos del alquiler en el futuro.

Lo que se busca con la inclusión de estas medidas en las nuevas legislaciones es que, al iniciarse algún procedimiento legal derivado por el impago de arrendamiento o hipotecario, el juez se vea en la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales. De esta manera, el documento le permitirá conocer la situación social y económica del individuo y tomarla en consideración. En caso de que se encuentre en condición vulnerable, el proceso de desahucio podría ser paralizado por un periodo de tiempo de entre 2 y 4 meses.