El estado de alarma -el mecanismo constitucional utilizado por el Gobierno para restringir ciertos derechos de la ciudadanía con el objetivo de combatir la pandemia del Covid-19- se acerca a su fin. Más allá de las medidas que han afectado a toda la población por igual, como las restricciones a la movilidad, el estado de alarma también ha provocado cambios sustanciales en el mercado del alquiler.

El arrendamiento durante el estado de alarma

El Real Decreto – Ley 11/2020 introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento del mercado del alquiler durante el estado de alarma. Estas han sido algunas de las medidas más destacadas.

  • Suspensión de los desahucios y lanzamientos. El mencionado Decreto suspende los desahucios durante seis meses a partir del 2 de abril de 2020. Esto supone que la posibilidad de desalojar a un inquilino desaparece durante medio año (un periodo que sobrepasa la duración del estado de alarma) siempre y cuando el arrendatario cumpla una serie de requisitos. De este modo, no se podrá expulsar a un inquilino si está afectado por un Erte o si se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Para dirimir si el arrendatario se encuentra, efectivamente, en situación de vulnerabilidad, puedes consultar la tabla en el siguiente enlace.
  • Prórroga de 6 meses del contrato. Si el contrato de arrendamiento vence durante el estado de alarma, el inquilino está en su derecho de prorrogarlo unilateralmente durante 6 meses más. La posibilidad de acogerse a esta prórroga se extiende desde el 2 de abril hasta 2 meses después que finalice el estado de alarma.
  • Moratoria y reducción de la renta. Otra de las opciones para facilitar que los inquilinos que se encuentran en dificultades económicas puedan hacer frente al pago de su alquiler son las moratorias y las reducciones de renta. A través de este mecanismo, el arrendatario puede aplazar los pagos o reducirlos durante un tiempo limitado durante un periodo máximo de 4 meses. En el caso de grandes tenedores o arrendadores públicos, el inquilino puede acogerse a esta medida de forma unilateral. En caso de que el arrendador sea un pequeño propietario, ambas partes deben ponerse de acuerdo. En caso de que este sea imposible, el arrendatario puede acogerse a líneas de financiación avaladas por el estado para pagar el alquiler.

¿Cómo será el alquiler después del estado de alarma?

Como hemos visto, algunas de las medidas aprobadas recientemente se mantendrán aún durante meses, a pesar de que está previsto de que el estado de alarma finalice, como muy tarde, a finales de junio. La prohibición de desahuciar a inquilinos en situaciones vulnerables o las moratorias son ejemplos de medidas que se mantendrán durante vigentes durante un tiempo después de la finalización del estado de alarma. Pero, más allá de esto ¿Cómo podemos esperar que evolucione la legislación en materia de alquiler una vez concluya este periodo excepcional?

La tónica política a raíz del coronavirus ha sido la de proteger tanto como sea posible a las personas más expuestas a la crisis en contraposición -se dice- con las medidas que se tomaron durante la crisis financiera iniciada en 2008. Es plausible que la crisis del Covid-19 y sus nocivas consecuencias económicas acelere e incluso intensifique las modificaciones legislativas en materia de arrendamiento previstas en la agenda del Gobierno que, dado a su signo político, probablemente favorezcan más a los intereses de los arrendatarios que de los arrendadores.

Las medidas previstas: “Frenar las subidas abusivas del alquiler”

El actual Gobierno se constituyó en enero de 2020, por lo que apenas llevaba dos meses operativo cuando estalló la pandemia. No obstante, el acuerdo de coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos nos puede servir para hacernos una idea del tipo de medidas en materia de arrendamiento que podemos esperar para los próximos meses, una vez se supere el estado de alarma.

“Frenar las abusivas subidas del alquiler” es el punto del programa de coalición que, sin duda, más puede perjudicar los intereses de los arrendadores. Según el documento, “se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler”. Para conseguirlo, se otorgará  a los Ayuntamientos potestad para declarar “zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas”. La delimitación de estas zonas abrirá la puerta a que los Ayuntamientos y/o las Comunidades Autónomas puedan regular los precios del alquiler.

En cualquier caso, estas medidas son tan solo unos párrafos en el acuerdo de coalición. Está por ver si finalmente se materializan y de qué forma impacta la crisis del Covid-19 en las próximas leyes en materia del alquiler.

Nueva llamada a la acción

Guillem Tapia

Guillem Tapia

Periodista especializado en emprendeduría y proptech

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